LUMA Energy alegó ante el Tribunal Supremo que anular la extensión de su contrato costaría aproximadamente $1,300 millones, de los cuales al menos $726 millones son inevitables. La empresa advirtió que se pondrían en riesgo $6,177 millones en fondos federales y expuso a la AEE a reclamaciones por $2,200 millones ya invertidos.
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