La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) pidió al Tribunal Supremo intervenir como amicus curiae en el caso sobre la extensión del contrato de LUMA Energy. Según la AIPR, cancelar el acuerdo afectaría la credibilidad de Puerto Rico como destino de inversión y la viabilidad de las APP. LUMA ha dicho que cancelar su pacto costaría unos $1,300 millones.
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