La administración de Trump redujo de 30 a 10 días el plazo para que los refugiados impugnen la revocación de su estatus, medida que entra en vigor el miércoles. La política afecta a refugiados admitidos bajo el gobierno de Biden, cuyos casos ya se revisan, al menos 185,000. Grupos de derechos humanos condenan la medida por considerarla insuficiente para defenderse.

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