La ACLU de Puerto Rico exigió la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, tras obtener documentos que muestran que la agencia entregó voluntariamente datos confidenciales de 6,321 inmigrantes con licencia de conducir al ICE. El Tribunal Supremo ordenó la divulgación del subpoena del DHS, que según la ACLU no obligaba legalmente al DTOP a entregar la información. El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera dijo que la gobernadora y el secretario "le mintieron al país".

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