El DTOP entregó datos de 6,321 inmigrantes al ICE tras un subpoena federal emitido el 26 de enero de 2025, antes del plazo del 7 de febrero. La ACLU de Puerto Rico sostiene que no había obligación legal sin orden judicial y pidió la renuncia del secretario Edwin González Montalvo. La gobernadora Jenniffer González defendió la entrega como cumplimiento de un mandato federal.

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