La Junta de Supervisión Fiscal presentó un alegato ante el Tribunal Supremo en el pleito entre el gobierno y LUMA Energy, argumentando que el contrato de operación no puede anularse ni terminarse. La Junta advirtió que cancelarlo tendría consecuencias nefastas para el sistema eléctrico y que LUMA podría reclamar más de $250 millones.
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