La Junta de Supervisión Fiscal exigió a New Fortress Energy permitir que otros suplidores entreguen gas natural licuado en Puerto Rico cuando la empresa no pueda hacerlo. La interrupción en las entregas obligó a usar diésel y provocó un costo adicional estimado de $32 millones entre el 16 de septiembre y el 12 de octubre, según la AEE.
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