La ACLU de Puerto Rico se opuso al Proyecto de la Cámara 1067, que penalizaría ciertas formas de asistencia a menores para acceder a un aborto sin consentimiento parental. La organización advirtió que la medida, presentada el 20 de enero de 2026, podría criminalizar conductas relacionadas con un procedimiento médico legal y restringir la libertad de expresión. El proyecto establecería el delito grave con pena de tres años de reclusión.

Política y gobierno3 fuentes · 4 artículos